Salamanca. – Terminó la sanción que impuso la Sala de responsabilidades administrativas al ex contralor municipal que fue cesado en la pasada administración municipal porque se comprobó que cometió irregularidades en el desarrollo de sus funciones.
Se trata de la resolución que fue hecha el 14 de febrero del 2023 y que se cumplió el pasado mes de febrero emitida por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas con número S. E.A.F.G. 32/SALA ESPECIALIZADA/21.
En las audiencias que se celebraron a lo largo del juicio, se dio voz al ex contralor municipal con siglas Miguel Enrique Cordero, así como al ayuntamiento de Salamanca y funcionarios que laboraron durante la administración municipal de Beatriz Hernández Cruz.
La resolución la Sala Especializada resultó competente para resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa, en la que quedó plenamente acreditada la responsabilidad administrativa del destituido contralor municipal, derivada de la comisión de la conducta infractora que se le imputó en el procedimiento, por lo que se le impuso la sanción
de INHABILITACIÓN POR UN AÑO.
El motivo del cese de su labor como contralor fue el indebido cierre de las oficinas sede de
la Contraloría Municipal en Salamanca, Guanajuato, por parte del presunto del mismo servidor público.
También se acreditó que el contralor no acudió a una reunión o sesión del comité de compras y adquisiciones para la presentación de apertura de licitación pública nacional, llevada a cabo por el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato (CMAPAS), pero si envió a una mujer que ya no era empleada del municipio como parte de la mencionada contraloría y, sin embargo, la apertura de licitación tuvo que ser declara desierta.
La ex empleada de la contraloría confesó que acudió a la apertura de licitación pública nacional por orden del contralor, quien le había prometido dejarla laborar en esa dependencia, pero como empleada de base.
