Andrés Ortiz
Irapuato, Gto., 01 de abril del 2026. –
Representantes de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) encendieron alertas ante la posible aplicación en Guanajuato de una legislación federal que ya ha derivado en operativos y clausuras masivas en otras entidades del país.
El titular del organismo, Nicolás Pérez Ponce, advirtió que existe preocupación entre los centros locales ante la posibilidad de que se replique en el estado el modelo aplicado recientemente en el Estado de México, donde decenas de anexos fueron intervenidos por autoridades.
“Nos preocupa que esta ley llegue a Guanajuato como ya ocurrió en otros estados. Las consecuencias podrían ser graves: más abandono, menos oportunidades de rehabilitación y un posible incremento en la delincuencia”, señaló.
El líder de CRUB explicó que en Irapuato operan al menos 70 grupos de rehabilitación, que, aseguró, trabajan bajo esquemas propios, pero sin una regulación clara que los respalde frente a posibles revisiones.
Uno de los principales señalamientos es la falta de reglas claras para la implementación de la ley. Según Pérez Ponce, se trata de una normativa que podría aplicarse sin lineamientos definidos para los centros.
“Quieren que nos rijamos por una ley, pero no hay una normativa que nos diga cómo cumplirla. Eso es lo que genera incertidumbre”, afirmó.
Aunque autoridades municipales habrían descartado, por ahora, operativos en Irapuato, los representantes del sector consideran que la situación podría cambiar en cualquier momento al tratarse de disposiciones de carácter federal.
El antecedente que les preocupa
En el Estado de México, autoridades han clausurado a la fecha más de 50 centros de rehabilitación tras detectar condiciones insalubres, hacinamiento, falta de permisos y posibles delitos como privación ilegal de la libertad.
Incluso, se documentaron casos de personas retenidas contra su voluntad, violencia física y psicológica, así como la presencia de menores de edad en condiciones irregulares.
Este escenario es el que genera tensión entre los centros del Bajío, quienes temen que operativos similares impacten a espacios que, aseguran, funcionan como una alternativa ante la falta de infraestructura pública suficiente para atender adicciones.
Pérez Ponce insistió en que no se oponen a la regulación, pero sí a su aplicación sin considerar el contexto social.
“Queremos que se aplique, pero que se midan las consecuencias. No se puede actuar sin entender lo que pasaría con las personas que hoy están en rehabilitación”, sostuvo.
