Ciudad de México., 01 de julio del 2025. –
En la Cámara de Diputados se aprobó este lunes una serie de reformas que contemplan la creación de una Plataforma Única de Identidad y la implementación obligatoria de una CURP biométrica para toda la población.
La reforma fue avalada en lo general con 438 votos a favor y 38 en contra, y ahora se turnó al Ejecutivo para su promulgación. Entre los principales cambios se encuentra la transformación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en un documento con datos biométricos, como huellas dactilares, fotografía y, eventualmente, reconocimiento del iris. Esta CURP será requisito obligatorio para realizar trámites ante instituciones públicas y privadas.
Además, se creará una Plataforma Única de Identidad, la cual centralizará registros administrativos, datos forenses, bases de carpetas de investigación y sistemas de alerta. Esta herramienta permitirá, según los legisladores, emitir alertas de manera inmediata cuando se reporten personas desaparecidas y facilitar la localización de víctimas.
También se establecerá la Base Nacional de Carpetas de Investigación sobre personas desaparecidas, que deberá ser alimentada y actualizada en línea por las fiscalías del país. Las autoridades locales deberán crear unidades especializadas en desaparición forzada, búsqueda, análisis de contexto y ciberdelitos.
Durante la discusión, diputadas de Morena, el Partido Verde y el PT defendieron la reforma como un paso crucial ante la crisis de desapariciones que enfrenta el país. “Esta es una medida urgente y necesaria. Las tecnologías deben estar al servicio de las víctimas y de la justicia”, expresó la legisladora Ana Laura Bernal, del PT.
Sin embargo, diversas bancadas de oposición y organizaciones de la sociedad civil manifestaron fuertes críticas. Legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la iniciativa representa un riesgo para la privacidad de los ciudadanos, pues concentra información sensible sin establecer controles claros ni la participación de órganos autónomos como el INAI.
Más de un centenar de colectivos de búsqueda, así como familiares de personas desaparecidas, también han rechazado la reforma. Acusaron que no resuelve la crisis forense del país —que mantiene más de 72 mil cuerpos sin identificar— y que prioriza la vigilancia masiva por encima del fortalecimiento de las comisiones de búsqueda. “Esta ley no nos va a ayudar a encontrar a nuestros desaparecidos, pero sí puede criminalizarnos”, señalaron en un pronunciamiento público.
