México. 12 de marzo del 2025. –
En las últimas semanas, se han descubierto múltiples campos de exterminio utilizados por el crimen organizado en México, destacando la persistencia de prácticas atroces como el reclutamiento forzado y la impunidad que las rodea. Uno de los hallazgos más impactantes tuvo lugar en Teuchitlán, Jalisco, donde se encontraron evidencias de hornos crematorios, fosas y restos humanos, atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Este descubrimiento ha reavivado el debate sobre el reclutamiento forzado de jóvenes por parte de organizaciones criminales en la región. La precariedad socioeconómica lleva a muchos a aceptar trabajos no regulados, lo que facilita su captura y deshumanización mediante violencia física y psicológica. Aquellos considerados “aptos” son obligados a combatir, mientras que los “no aptos” son descartados, en una práctica comparable a los campos de concentración nazis.
Además, en Reynosa, Tamaulipas, el colectivo Amor por los Desaparecidos descubrió otro campo de exterminio cerca de la colonia Colinas del Real, donde se encontraron 14 montículos con restos humanos calcinados, objetos personales y casquillos de balas. Estos hallazgos son comunes en Tamaulipas, una región marcada por la violencia del crimen organizado.
La respuesta de las autoridades ha sido objeto de críticas. El fiscal general de México, Alejandro Gertz, anunció una investigación sobre los fallos de la Fiscalía de Jalisco en sus pesquisas sobre el centro de exterminio en Teuchitlán, destacando la necesidad de identificar errores en la supervisión y la falta de acción de las autoridades locales.
Estos eventos resaltan la brutalidad normalizada en la sociedad mexicana y la colaboración implícita o explícita entre criminales y autoridades. La influencia del CJNG en la región y la despersonalización y sacrificio de jóvenes por poderes que pretenden ser divinidades reflejan la gravedad de la situación.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por estos hallazgos, instando al gobierno mexicano a tomar medidas contundentes para erradicar estas prácticas y llevar a los responsables ante la justicia.
