Jorge Marcelino Trejo Ortiz
Cuando una pieza del tablero político se mueve con sigilo, conviene mirar no solo hacia donde apunta, sino también de dónde viene. Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación y actual senador por Morena, se mueve así.
Ahora enfrenta un vendaval que mezcla acusaciones, informes de inteligencia y un silencio que incomoda. ¿De verdad no sabía quién era su Secretario de Seguridad Pública?
El PAN interpuso una denuncia ante la FGR en su contra. Lo acusa de proteger a Hernán Bermúdez Requena, su jefe policiaco en Tabasco, a quien la Sedenal identifica como líder fundador de «La Barredora», brazo operativo del crimen en el sureste. En específico, lo relaciona con una red de robo de combustible en la región del Golfo. Es un señalamiento muy serio, con raíces en los archivos de inteligencia militar.
El informe de la Sedena, filtrado tras el hackeo del colectivo Guacamaya, no se anda con rodeos: vincula a Bermúdez con actividades ilícitas, y sugiere que Adán Augusto conocía su historial. Incluso se menciona que el grupo criminal tenía control de tramos estratégicos de Pemex. Todo mientras el entonces gobernador lo mantenía en el cargo. ¿Descuido o complicidad?
Notas recientes indican que, al parecer, la Secretaría de Defensa Nacional habría tenido documentos en los que se hace referencia a nexos del senador morenista Adán Augusto López con grupos criminales dedicados al huachicol en el estado y que extraían hasta 150 mil litros diarios de hidrocarburo.
Claudia Sheinbaum ha respondido con mesura. Dice que no se puede juzgar a nadie sin pruebas contundentes, y que el beneficio de la duda es un principio elemental de justicia. Tiene razón.
El propio Adán Augusto ha negado cualquier vínculo con redes criminales. Afirma que las acusaciones son parte de una guerra sucia y que nunca tuvo información fidedigna sobre los antecedentes de su colaborador.
Pero esa defensa no convence del todo. ¿Cómo puede un gobernador, con acceso directo a informes de seguridad, ignorar el perfil de su propio secretario de Seguridad Pública? ¿Cómo se sostiene esa «ignorancia» cuando se trata de un puesto tan sensible?
Hoy sus palabras se vuelven contra él mismo porque redes sociales recordaron un discurso del senador Adán Augusto en el que aseguró que Genaro García Luna solo fue «el ejecutor y ni modo que quien ocupaba la máxima responsabilidad del Estado no supiera, (Felipe Calderón) claro que sabía y fue quien dio la instrucción».
Lo que hoy vemos es un rompecabezas incompleto, pero cuyas piezas comienzan a alinearse. En Tabasco, durante la gestión de Adán, se dispararon las denuncias por huachicol. El control de ductos, la cooptación de policías municipales, bloqueos de caminos con incendio de vehículos y la instalación de grupos armados, fueron parte del paisaje.
Este caso no es menor. Estamos ante la posibilidad de que un funcionario de alto nivel, aspirante a la presidencia y figura influyente en el nuevo gobierno, haya mantenido vínculos con estructuras ilegales. Y lo más preocupante: que esas redes sigan vivas, recicladas en otras geografías y con otros rostros.
El asunto ya es político, pero debe seguir siendo jurídico. Las autoridades federales tienen la obligación de esclarecer, sin filias ni fobias, qué sabía y qué hizo Adán Augusto frente al crecimiento del crimen en su estado.
No basta con que la opinión pública lo juzgue. Tampoco basta con el descrédito mediático. Si hay pruebas, deben procesarse. Si no las hay, debe cerrarse el capítulo.
Pero este caso no debe olvidarse. Porque más allá de Adán, hay una estructura que opera desde lo institucional. La Barredora no es un invento: es un espejo de cómo se infiltra el crimen en los gobiernos locales.
La justicia no está para venganzas ni ajustes de cuentas. Está para revelar la verdad, por incómoda que sea. Si Adán Augusto es inocente, tiene derecho a defenderse. Pero si las acusaciones tienen sustento, entonces la justicia debe prevalecer. Sin privilegios. Sin pactos. Sin miedo.
Marcelino: Artículo de Milenio.
