Seúl, Corea del Sur., 29 de octubre del 2026
La Fiscalía especial de Corea del Sur volvió a solicitar la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol, al considerar que la condena de cadena perpetua impuesta en primera instancia no es suficiente frente a la gravedad de los hechos relacionados con su intento de imponer la ley marcial.
La petición fue presentada este jueves 29 de octubre ante el Tribunal Superior de Seúl, durante el proceso de apelación por los cargos de insurrección vinculados a la declaración de emergencia del 3 de diciembre de 2024.
Yoon anunció la medida bajo el argumento de combatir fuerzas que consideraba contrarias al Estado. Sin embargo, la decisión provocó una crisis política y movilizó a elementos militares y policiales hacia el complejo de la Asamblea Nacional, el Parlamento surcoreano.
Los legisladores lograron votar para revocar la medida, que permaneció vigente durante aproximadamente seis horas.
En febrero de 2026, un tribunal condenó al exmandatario a cadena perpetua al determinar que sus acciones constituían insurrección. Yoon ha defendido su decisión y argumentado que buscaba advertir sobre lo que consideraba una obstrucción política por parte de la oposición.
Durante la audiencia de apelación, el equipo de fiscales sostuvo que la sentencia inicial fue demasiado indulgente y pidió aplicar la pena máxima contemplada por la legislación para el delito que se le atribuye.
La defensa del expresidente mantiene su postura sobre la justificación de la declaración de la ley marcial, mientras el proceso judicial continúa.
Aunque Corea del Sur mantiene la pena capital en su legislación, el país no ha llevado a cabo ejecuciones desde diciembre de 1997. Por ahora, no existe una sentencia definitiva de muerte contra Yoon: la decisión corresponde al tribunal que revisa el caso.
La audiencia continuará con los argumentos finales de la defensa y la declaración del exmandatario, prevista para el 5 de noviembre. Posteriormente, el tribunal anunciará la fecha de su resolución.
El caso representa uno de los procesos judiciales más relevantes de la historia política reciente de Corea del Sur, al poner en el centro del debate los límites del poder presidencial y la protección del orden constitucional.
