Chihuahua, Chihuahua, 23 de octubre de 2026.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, reveló que el Gobierno de Estados Unidos retiró temporalmente la visa a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas de la entidad, en diciembre de 2025, meses antes del operativo contra presuntos laboratorios clandestinos en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes estadounidenses.
En una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, la mandataria explicó que fue el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez el que le notificó la revocación del documento migratorio. Sin embargo, aseguró que las autoridades estadounidenses nunca le explicaron los motivos de la decisión.
Campos señaló que, después de recibir la notificación en diciembre de 2025, solicitó la renuncia de Zuany mientras se revisaba la situación. De acuerdo con su versión, el exfuncionario recuperó posteriormente su visa, antes del operativo realizado en abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara.
La gobernadora también sostuvo que Zuany no estuvo físicamente en el operativo, aunque dejó preparado el despliegue y a un subordinado a cargo de las acciones.
El operativo contra presuntos laboratorios clandestinos ocurrió en abril de 2026. Después de las acciones, dos agentes estadounidenses y el director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Oseguera, murieron cuando el vehículo en el que viajaban cayó por un barranco.
La participación de personal estadounidense en labores de seguridad dentro de territorio mexicano provocó cuestionamientos sobre la autorización y los mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y federales.
Campos afirmó que todavía no se había establecido públicamente a qué agencia pertenecían los agentes fallecidos, pues, según su declaración, no estaban identificados oficialmente como integrantes de la CIA, el FBI u otra dependencia.
La gobernadora confirmó que existe una orden de aprehensión contra su excolaborador, quien permanece prófugo, según los reportes publicados. La investigación estatal lo relaciona con presuntas irregularidades en el servicio público y declaraciones vinculadas con el operativo.
El caso se desarrolla en paralelo a las investigaciones contra otros exfuncionarios de Chihuahua, incluido el exfiscal general César Jáuregui, cuya actuación también es objeto de procedimientos judiciales.
Las autoridades deberán esclarecer las responsabilidades individuales, las autorizaciones otorgadas y las circunstancias en que agentes extranjeros participaron en el operativo. Hasta que exista una resolución judicial definitiva, las acusaciones deben tratarse como presuntas responsabilidades.
