Almoloya de Juárez, Estado de México, 21 de octubre de 2026.
Un juez federal impuso prisión preventiva oficiosa al exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, por la acusación de presunta traición a la patria presentada por la Fiscalía General de la República (FGR). Con esta medida cautelar, el exfuncionario permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano mientras continúa el procedimiento judicial.
La investigación federal se vincula con el operativo realizado en abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara, donde fue localizado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.
La FGR investiga la presunta participación irregular de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en dicho operativo, así como la posible intervención de autoridades estatales sin la autorización correspondiente del Gobierno federal mexicano.
El caso adquirió relevancia después de que dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos murieran en un accidente vehicular cuando regresaban de actividades relacionadas con el operativo.
Durante la audiencia inicial, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional, de 72 a 144 horas, para reunir elementos de prueba y responder a las imputaciones.
Por ello, la continuación de la audiencia quedó programada para el sábado 24 de octubre, fecha en la que se determinará si Jáuregui es vinculado a proceso por el caso federal.
Además del expediente federal, el exfiscal enfrenta una causa penal en Chihuahua por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, relacionados con la posible autorización de actividades de agentes extranjeros.
En ese procedimiento estatal, un juez le permitió continuar en libertad bajo determinadas medidas cautelares. Sin embargo, la orden federal de aprehensión y la prisión preventiva corresponden a un expediente distinto.
La situación jurídica de Jáuregui continúa pendiente de resolución. Las acusaciones en su contra deberán acreditarse durante el proceso judicial y se mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
