Ciudad de México, 20 de octubre de 2026.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la versión sobre la participación de agentes estadounidenses en el operativo realizado en El Pinal, Chihuahua, donde fue localizado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. La controversia se centra en las diferencias entre las declaraciones públicas y los resultados de las investigaciones sobre la intervención de personal extranjero.
El caso derivó en la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, investigado por su presunta responsabilidad en permitir la participación de agentes extranjeros sin autorización federal. La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el operativo fue irregular y que posteriormente la propia institución federal aseguró y desmanteló el laboratorio.
En abril pasado, autoridades de Chihuahua señalaron inicialmente que en el operativo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano, mientras que los estadounidenses presentes en la entidad realizaban otras actividades. Sin embargo, las investigaciones posteriores apuntaron a una posible colaboración entre agentes extranjeros y autoridades estatales.
La FGR informó que el exfiscal habría ordenado y coordinado acciones irregulares, además de no comunicar oportunamente a las autoridades federales sobre la participación extranjera. Estas afirmaciones forman parte de la investigación ministerial y deberán resolverse conforme al debido proceso.
El caso cobró relevancia luego de que dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos murieran en un accidente carretero en abril, cuando regresaban de actividades relacionadas con el operativo en la Sierra Tarahumara. La presencia y las funciones de los estadounidenses se convirtieron en uno de los puntos centrales de la investigación.
El Gobierno federal ha reiterado que las agencias extranjeras no pueden realizar operaciones terrestres de seguridad en México sin la autorización correspondiente y que la cooperación internacional debe ajustarse a la Constitución y a la legislación mexicana.
La investigación busca esclarecer quién autorizó la participación de los agentes, qué actividades realizaron y si hubo responsabilidades administrativas o penales. Hasta que existan resoluciones judiciales definitivas, las acusaciones deben considerarse presuntas.
