Ciudad de México, 14 de octubre de 2026.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizar una investigación profunda sobre las denuncias de presunta tortura y abuso policial contra jóvenes detenidos durante una manifestación por la calidad del agua en Guadalajara, Jalisco.
Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria calificó de inadmisibles los señalamientos y pidió esclarecer quién ordenó el operativo, entrevistar a las personas afectadas e identificar a los posibles responsables.
Los hechos ocurrieron el domingo 11 de octubre, durante una movilización en Guadalajara para exigir soluciones a los problemas relacionados con la calidad del agua potable.
Durante el operativo, elementos de seguridad utilizaron chorros de agua a presión y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. La intervención dejó decenas de personas detenidas y provocó denuncias sobre presuntas agresiones y detenciones arbitrarias.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció posteriormente que hubo deficiencias en el operativo y uso excesivo de la fuerza. También anunció medidas para revisar la actuación de los policías involucrados.
La presidenta informó que solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe sobre lo ocurrido. Además, pidió que la CNDH recabe testimonios de las víctimas y determine las circunstancias en las que se produjeron las detenciones.
“¿Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes?”, cuestionó la mandataria al condenar las denuncias.
Sheinbaum sostuvo que las posibles violaciones a los derechos humanos deben investigarse y sancionarse conforme a la ley. Añadió que, si las circunstancias lo ameritan, también podría intervenir la Fiscalía General de la República (FGR).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que atraerá la investigación relacionada con la protesta, con el objetivo de esclarecer las presuntas violaciones a los derechos humanos y revisar la actuación de las autoridades señaladas.
El organismo también llamó a respetar los derechos a la protesta social, la libertad de expresión y la reunión pacífica. Las denuncias deberán documentarse y analizarse para determinar si existieron abusos y las responsabilidades correspondientes.
Por ahora, las acusaciones de tortura continúan sujetas a investigación. El esclarecimiento de los hechos dependerá de los testimonios, las pruebas disponibles y las conclusiones de las autoridades competentes.
