Ciudad de México., 29 de mayo del 2026. –
En una sesión que concluyó cerca de las cuatro de la madrugada, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) para crear mecanismos de verificación que permitan detectar posibles vínculos entre aspirantes a cargos de elección popular y el crimen organizado.
La minuta, enviada horas antes por la Cámara de Diputados, fue avalada sin modificaciones y bajo trámite de urgente resolución con los votos de Morena, PT y PVEM. Posteriormente fue turnada de inmediato al Poder Ejecutivo federal para su promulgación.
La reforma contempla la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, organismo que operará bajo el Instituto Nacional Electoral (INE) y tendrá la función de realizar análisis de riesgo sobre perfiles de candidatos, en coordinación con instancias de seguridad, inteligencia y fiscalización financiera.
El dictamen fue discutido directamente en el pleno, luego de que las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos solicitaron retirar el turno para acelerar su aprobación. La presidenta en funciones de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, justificó el procedimiento al argumentar que el proyecto reviste “interés público inmediato y dimensión nacional”.
“La proximidad de los procesos electorales obliga al Senado a adoptar decisiones oportunas que permitan generar certeza jurídica y confianza ciudadana”, sostuvo la legisladora.
La oposición cuestionó el alcance de la reforma y advirtió posibles riesgos de uso político de las nuevas facultades de evaluación.
El senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, acusó que la mayoría oficialista busca trasladar al INE responsabilidades que corresponden a otras instituciones del Estado y alertó sobre el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en los procesos de revisión.
“A la UIF la pueden usar como instrumento de control político”, señaló durante el debate.
En respuesta, la senadora de Morena, Margarita Valdez, rechazó que la nueva comisión tenga facultades sancionadoras o sustituya funciones ministeriales. Explicó que el mecanismo será preventivo y operará únicamente sobre información que de manera voluntaria entreguen partidos políticos o candidatos independientes antes de su registro oficial.
Según el dictamen, la comisión podrá coordinarse con la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para realizar evaluaciones de riesgo basadas en información indiciaria relacionada con posibles actividades delictivas.
El proyecto establece además que, en caso de detectarse información relevante, las autoridades competentes podrán iniciar o continuar investigaciones conforme a sus atribuciones legales.
La senadora del Partido Verde, María del Rocío Corona Nakamura, defendió la reforma al señalar que responde a una preocupación persistente sobre la infiltración de intereses ilícitos en espacios públicos y decisiones políticas.
“Esta propuesta resuelve desde la raíz la integridad de un candidato, mediante un cruce de información interinstitucional”, afirmó.
La minuta fue aprobada en lo general con 85 votos a favor y 40 en contra. Las reservas presentadas por legisladores de oposición fueron desechadas.
