Salamanca.- La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos exigió que se investigue para llevar ante la justicia a quienes asesinaron a madre e hija, ambas buscadoras de personas desaparecidas.
Se trata de Andrea Bolaños Vargas, quien es Relatora Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos (DDHH).
Andrea Bolaños expresó públicamente que “He recibido información alarmante de que al menos 22 mujeres que buscan a personas desaparecidas han sido asesinadas en México desde 2019. Dos de ellas fueron asesinadas el 9 de mayo en Salamanca, Guanajuato”.
Condenó enérgicamente estos asesinatos y señaló que la muerte de Patricia Acosta Rangel y Katia Citlali Jáuregui Acosta constituye un grave acto de violencia contra mujeres que dedicaron sus vidas a buscar a sus seres queridos desaparecidos y a apoyar a otras familias en su búsqueda de verdad y justicia.
“Exijo al Estado que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre estos hechos, que haga rendir cuentas a los responsables y que tome medidas efectivas para prevenir la repetición de tales actos.
También exijo garantías de que las buscadoras puedan continuar su labor en defensa de los derechos humanos de manera segura, y que el Estado prosiga la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos”, puntualizó.
Del homicidio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato dio a conocer el pasado domingo que lleva a cabo una investigación integral para esclarecer el doble homicidio registrado la tarde del 9 de mayo de 2026 en la colonia 18 de Marzo, en el municipio de Salamanca.
Las víctimas formaban parte de un colectivo de búsqueda, y la indagatoria se desarrolla bajo un estricto enfoque de perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Desde el primer momento, la Fiscalía activó acciones especializadas de atención y acompañamiento para garantizar el acceso a la verdad y la justicia, tanto para los familiares como para el colectivo al que pertenecían las víctimas.
Agentes de investigación criminal, peritos y ministerios públicos realizan diligencias de campo, análisis de información e inteligencia operativa para identificar y capturar a los responsables. La localización y detención de quienes perpetraron este crimen constituye una prioridad institucional.
Finalmente, la autoridad estatal remarcó que la Fiscalía reafirma su compromiso de actuar con firmeza, sensibilidad y absoluta responsabilidad para evitar la impunidad, informando oportunamente sobre los avances de la investigación, con pleno respeto al debido proceso y a la dignidad póstuma de las víctimas.
