Pachuca, Hgo., 11 de febrero del 2026. –
En un operativo realizado durante la madrugada, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aseguró la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, ubicada en Jasso —hoy Ciudad Cooperativa Cruz Azul—, en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo, en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juez mexiquense.
Durante la intervención se registraron disparos de arma de fuego, movilización de pobladores y el cierre de accesos a la comunidad. El despliegue contó con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y policías municipales de Tula, Atitalaquia y Tlaxcoapan.
Habitantes denunciaron que hubo personas lesionadas e incluso posibles fallecimientos por ataques directos; sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado víctimas mortales ni ha detallado el saldo oficial del operativo. Se reportan detenciones de personas que se encontraban al interior del inmueble, quienes estarían bajo custodia de la FGJEM, instancia que no ha emitido información adicional.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó en un comunicado que la diligencia ministerial fue ejecutada por la Fiscalía del Estado de México “en acato a lo ordenado por un juez”, mientras que las autoridades hidalguenses participaron para brindar seguridad perimetral a la población.
El grupo de cooperativistas que mantenía la posesión del inmueble —encabezado por Federico Sarabia Pozo, detenido el 31 de agosto por la Fiscalía General de la República— acusó que el ingreso fue ilegal, al señalar que existen amparos que impedían la intervención de fuerzas federales y estatales.
La disputa por el control de la Cooperativa Cruz Azul se remonta a 2018 y se intensificó tras la salida de Guillermo “Billy” Álvarez en 2020. Desde entonces, dos facciones —la encabezada por Sarabia y la liderada por Víctor Manuel Velázquez Rangel— se han enfrentado en tribunales y en hechos violentos por la posesión de la planta.
En abril de 2022, un enfrentamiento entre ambos grupos dejó ocho personas muertas y provocó daños en la subestación eléctrica, lo que derivó en la paralización de la producción. Desde el 17 de agosto de ese año, la planta permanece fuera de operación. Antes del conflicto, tenía una capacidad instalada de 12 mil toneladas diarias de cemento.
El conflicto ha generado múltiples intentos de toma del complejo en los últimos años, con episodios de violencia y acusaciones cruzadas por presunta posesión ilegal, fraude y omisiones gubernamentales.
Hasta la última actualización, las autoridades no han precisado el número de detenidos ni el balance definitivo del operativo realizado esta madrugada.
