Por Jorge Marcelino Trejo Ortiz
La detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera —homónimo involuntario del gran muralista mexicano— es un hecho grave que sacude algo más que a un municipio con fama turística internacional. Más allá de la anécdota del nombre y del simbolismo cultural, el fondo del asunto es inquietante: la presunta relación de un presidente municipal con el crimen organizado y la confirmación, una vez más, de que el poder local sigue siendo el eslabón más vulnerable del Estado mexicano.
El caso Tequila no es una excepción ni una rareza. Es, por el contrario, un ejemplo deplorable de una realidad extendida en buena parte del país. Municipios capturados, cooptados o intimidados por organizaciones criminales que ven en los ayuntamientos la puerta de entrada perfecta para controlar territorios, presupuestos, policías y decisiones administrativas clave. Lo ocurrido en Jalisco reabre una conversación que suele incomodar, pero que ya no puede seguir postergándose.
Desde hace años se sabe —aunque pocas veces se diga con claridad— que hay municipios dominados de facto por el crimen organizado en estados como Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Zacatecas y otros más. En Guanajuato, incluso, el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reconoció públicamente que al menos diez municipios estaban bajo investigación por posibles vínculos con la delincuencia. ¿Qué pasó con esas indagatorias?, ¿en qué quedaron?, ¿avanzaron o se diluyeron en el silencio institucional?
El municipio es el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, pero también el más frágil. Presupuestos limitados, policías mal pagadas, escasa capacitación y una enorme presión territorial hacen que los alcaldes, regidores y funcionarios locales sean blancos fáciles para la corrupción, la amenaza o la captura criminal. Cuando un ayuntamiento cae, no solo se compromete la seguridad, también se descompone la vida cotidiana de la comunidad.
En ese contexto, los operativos Enjambre impulsados por el Gobierno Federal representan un paso necesario y, hasta ahora, inédito en su alcance. La detención de funcionarios municipales y redes de complicidad envía un mensaje claro: no hay cargos intocables cuando se trata de vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, estos esfuerzos no pueden ser aislados ni episódicos; deben sostenerse en el tiempo y ampliarse territorialmente.
Pero no todo puede recaer en la Federación. Los gobiernos estatales tienen la obligación constitucional y política de hacer lo propio. No basta con esperar a que intervenga la autoridad federal mientras se administra el problema con discursos. La depuración de corporaciones, el fortalecimiento institucional y la vigilancia de los gobiernos municipales son tareas ineludibles de los estados.
También la ciudadanía tiene un papel fundamental. Denunciar, aunque sea difícil y riesgoso, sigue siendo una herramienta indispensable para romper la normalización de la captura criminal del poder local. El silencio, muchas veces comprensible, es el mejor aliado de la impunidad.
Tequila es hoy un ejemplo ominoso, sí, pero también una advertencia. Los casos que faltan están ahí, latentes, esperando salir a la luz. Ignorarlos sería condenar al municipio —y con él, al Estado— a seguir siendo rehén del crimen organizado.
