Nueva York., 05 de enero del 2025. –
Tras su detención, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado bajo un operativo de alta seguridad a un tribunal federal en la ciudad de Nueva York, donde comparecerá ante la justicia estadounidense por diversos delitos de alto impacto.
De acuerdo con reportes oficiales de autoridades de Estados Unidos, el traslado se realizó vía aérea desde un centro de detención en Brooklyn hacia una corte del Distrito Sur de Nueva York. En la misma operación, Cilia Flores, esposa de Maduro, también fue trasladada bajo custodia para enfrentar cargos ante el mismo tribunal.
Según informó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, la pareja enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico, delitos con armas y conspiración criminal. En el caso de Nicolás Maduro, el pliego acusatorio señala cargos por conspiración narcoterrorista, importación de cocaína a territorio estadounidense, así como posesión de armamento pesado y dispositivos destructivos vinculados a redes criminales transnacionales. 
Las autoridades estadounidenses indicaron que, de ser hallado culpable, Maduro podría enfrentar condenas que oscilan entre 20 y 30 años de prisión por cada delito, o incluso cadena perpetua, debido a la gravedad de las imputaciones.
Tras la detención de Maduro el pasado sábado 3 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó ese mismo día que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera de manera interina los poderes del mandatario.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su país “dirigirá” a Venezuela hasta que se logre una transición política segura, aunque no precisó los mecanismos ni los tiempos para concretar dicho proceso.
En el ámbito interno venezolano, la líder opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, llamó a que Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024, asuma de inmediato la presidencia y sea reconocido como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
El caso ha generado una fuerte reacción internacional y mantiene en vilo el futuro político de Venezuela, mientras se desarrollan los procesos judiciales en Estados Unidos y se redefine el equilibrio de poder dentro del país sudamericano.
