Andrés Ortiz
Irapuato, Gto., 8 de diciembre del 2025. –
La reciente aprobación del matrimonio igualitario en Guanajuato continúa generando reacciones, y una de las voces más críticas fue la del obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, quien calificó la decisión del Congreso local como un “capricho o acto de sumisión” por parte de los legisladores.
El sacerdote católico aseguró que, aunque la ley ya reconoce la unión civil entre personas del mismo sexo, esta modificación “no cambia la realidad del matrimonio”. Señaló que para la Iglesia esta institución sigue siendo exclusivamente la unión entre un hombre y una mujer, y que la aprobación legislativa no altera esa visión.
“Se pueden aprobar acciones, se puede aprobar el matrimonio igualitario, pero la realidad sigue siendo otra. A lo mejor estas leyes pueden darle algunos derechos, un marco jurídico a estas personas que merecen nuestro respeto, pero la dignidad de la persona no la podemos cambiar, y el matrimonio sigue siendo entre hombre y mujer”. También mencionó que este tipo de reformas responden a presiones externas y no necesariamente a una reflexión profunda sobre la familia y sus valores.
Díaz Díaz reconoció que la reforma otorga derechos legales a las parejas del mismo sexo, como acceso a prestaciones, seguridad social y protección patrimonial, pero insistió en que eso no significa que la figura del matrimonio deba modificarse desde su concepción religiosa y cultural.
“El matrimonio sigue siendo solamente entre hombre y mujer en el sentido a pleno de la palabra y como nosotros lo entendemos”, puntualizó.
La postura del obispo contrasta con la de colectivos y defensores de derechos humanos, quienes celebraron la decisión del Congreso como un avance histórico hacia la igualdad. Para ellos, la aprobación no es un capricho, sino la corrección de una deuda legal con la comunidad LGBTI+, que por años enfrentó discriminación y obstáculos para acceder a derechos básicos.
El debate sigue abierto y ha dejado en evidencia la tensión entre visiones tradicionales y las demandas modernas por igualdad y reconocimiento. Mientras la Iglesia reafirma su postura, sectores sociales continúan impulsando la idea de que el Estado debe garantizar los mismos derechos para todas las personas, sin distinción.
