Andrés Ortiz
Irapuato, Gto., 1 de diciembre del 2025. –
El Gobierno de Irapuato se posicionó tras el caos reportado el sábado 29 de noviembre en el estadio Sergio León Chávez, donde miles de aficionados quedaron varados afuera pese a contar con boleto para la final de ida entre Irapuato y Jaiba Brava. La autoridad municipal confirmó que hubo sobreventa, incumplimiento de acuerdos y un aforo rebasado.
El secretario del Ayuntamiento, Rodolfo Gómez Cervantes, abrió el posicionamiento reconociendo la pasión de la afición fresera, pero fue contundente: lo ocurrido no puede minimizarse. Señaló que el futbol en Irapuato “se vive con el corazón por delante”, pero que esa identidad no justifica decisiones que derivaron en saturación y riesgo al interior del inmueble.
Gómez Cervantes subrayó que la integridad de la ciudadanía está “por encima de cualquier interés económico, deportivo o administrativo” y calificó como inaceptable que quienes compraron un boleto de manera legítima se quedaran sin acceso. El enojo, la frustración y la angustia de los aficionados, señaló, fueron consecuencia directa de decisiones ajenas al municipio y contrarias a los protocolos establecidos.
La Dirección de Fiscalización detalló que el permiso autorizado señalaba un aforo máximo de 22 mil 400 personas, se detectó la expedición de 25 mil 955 boletos, es decir, 3 mil 555 entradas de más. La empresa organizadora no justificó este excedente, lo que detonó los problemas en los accesos y la saturación en pasillos y gradas. A pesar de ello, el municipio reforzó en el momento las medidas operativas para evitar una emergencia mayor.
Protección Civil confirmó que, al detectar indicios de riesgo, se implementaron controles inmediatos para despejar pasillos, liberar espacios bloqueados y reorganizar el flujo de asistentes. La dependencia destacó que, gracias a la cooperación del público y a la intervención de diversas áreas municipales, no se registraron incidentes graves. En total participaron 330 elementos municipales: 180 policías, 90 de Protección Civil y 60 agentes de Tránsito.
Además, el municipio reveló otro incumplimiento: aunque se solicitaron 400 elementos de seguridad privada para el operativo interno —un requisito a cargo del club— solo se presentaron alrededor de 320, dejando un déficit de 80 guardias menos de los comprometidos.
El Gobierno de Irapuato anunció que ya se preparan tres procedimientos administrativos y sus respectivas multas: uno por parte de Fiscalización, otro de la Dirección de Ingresos y un tercero desde Protección Civil. Las notificaciones comenzarán a entregarse a la empresa promotora en las próximas horas. Sobre posibles devoluciones o compensaciones a aficionados afectados, el municipio señaló que ese proceso corresponde directamente al club, aunque ofreció acompañamiento a quienes deseen presentar reclamos.
En cuanto al uso del estadio, el Ayuntamiento aclaró que actualmente la empresa no paga cuotas de mantenimiento. Aunque originalmente se planteó un cobro de 500 mil pesos por el desgaste e infraestructura del inmueble, la alcaldía optó por exentar dicho monto para facilitar el regreso del futbol profesional. La empresa únicamente cubre los dictámenes de seguridad y servicios públicos requeridos para cada partido.
Sobre una eventual sanción de la Federación Mexicana de Futbol, el municipio afirmó que dará parte de todas las irregularidades detectadas, pero corresponde al organismo nacional determinar si habrá medidas adicionales en el ámbito privado. Autoridades federativas estuvieron presentes antes del partido para revisar la operación del encuentro.
El posicionamiento municipal cerró con un mensaje directo: la crítica no es contra la Trinca ni contra la afición, sino contra la falta de responsabilidad en la administración del evento.
“La ciudad no puede permitirse escenarios que pongan en riesgo a nuestras familias”, señaló Gómez Cervantes. El municipio adelantó que habrá ajustes en la coordinación para el partido de vuelta y futuros encuentros, con el fin de evitar que la historia se repita.
