Andrés Ortiz
Guanajuato, Gto., 11 de noviembre del 2025. –
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) enfrenta una grave crisis tecnológica tras un ciberataque que vulneró su sistema operativo desde la madrugada del viernes, dejando sin acceso a bases de datos y redes internas a funcionarios de todas las regiones del estado.
De acuerdo con fuentes internas, el ataque habría ocasionado un daño sistemático en los servidores de la institución, lo que pone en riesgo miles de expedientes, comunicaciones oficiales y datos personales. La dependencia, encabezada por Gerardo Vázquez Alatriste, mantiene suspendidos sus procesos administrativos y operativos debido a la imposibilidad de conectarse a los sistemas institucionales.
En un comunicado interno, la Fiscalía reconoció la infección informática y ordenó desconectar todos los equipos de la red como medida preventiva:
“Como medida inmediata, solicitamos a todos los usuarios desconectar los equipos de la red, esto ayudará a evitar la propagación del virus a otros sistemas”, se lee en el mensaje dirigido al personal.
El área de Tecnologías de la Información trabaja para contener y resolver el incidente, aunque no se ha informado aún el tipo de virus que comprometió la red ni si se ha solicitado apoyo a instancias federales en materia de ciberseguridad.
En paralelo, el grupo de hackers conocido como Tekir APT se atribuyó la autoría del ataque, asegurando haber comprometido y cifrado todos los subdominios de la FGE, incluyendo los de la oficina del fiscal, la policía estatal y los gobiernos municipales. De acuerdo con su declaración, eliminaron copias de seguridad y extrajeron más de 250 gigabytes de datos, entre ellos identificaciones personales, expedientes legales y comunicaciones internas.
Hasta ahora, la información difundida por los atacantes se mantiene en proceso de verificación, pero la afectación en los sistemas de la Fiscalía es confirmada por personal interno y documentos oficiales.
El ataque, que se suma a una ola global de ciberincidentes contra instituciones públicas, ha dejado a la Fiscalía sin herramientas digitales clave para la gestión de denuncias, investigaciones y seguimiento de casos.
