Andrés Ortiz
Ciudad de México, 30 de junio de 2025.– Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado de la República aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que ahora será turnada a la Cámara de Diputados. Aunque el dictamen elimina disposiciones controvertidas del marco anterior, como el artículo que facultaba al gobierno a bloquear temporalmente plataformas digitales, diversos sectores han encendido alertas por los mecanismos de vigilancia incluidos en el texto final.
La legislación plantea una reconfiguración institucional del sector. Se propone la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que sustituiría al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), con el objetivo de ampliar la cobertura en zonas marginadas, fortalecer medios comunitarios e indígenas y supervisar servicios digitales.
Además, se establece la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano técnico desconcentrado que tendría la responsabilidad de regular tarifas, condiciones de operación y derechos de usuarios.
No obstante, diversos especialistas, académicos y legisladores de oposición han manifestado su preocupación por posibles excesos y ambigüedades que abrirían la puerta a prácticas de censura o vigilancia sin controles judiciales.
Uno de los puntos más señalados es la geolocalización en tiempo real de usuarios, sin necesidad de una orden judicial. La ley contempla que todas las líneas móviles estén registradas con CURP y que los operadores estén obligados a compartir ubicación y metadatos con autoridades en casos de “seguridad nacional”, sin precisar límites ni mecanismos de supervisión externa.
Otro aspecto que ha generado críticas es la posibilidad de que la Secretaría de Gobernación, a través de la CRT, pueda suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios relacionados con los llamados “derechos de las audiencias”, lo que, según defensores de la libertad de expresión, representa un riesgo de censura encubierta.
“La ley institucionaliza un sistema de vigilancia permanente”, advirtió el politólogo Sandro Arreola, mientras que el consultor en ciberseguridad Jersain Llamas calificó la propuesta como una vía para la “vigilancia masiva con apariencia de legalidad”.
Durante la discusión en el pleno, senadores del PRI y PAN calificaron la reforma como una “ley censura” y cuestionaron la falta de autonomía en la nueva agencia, cuyos comisionados serán propuestos por el Ejecutivo federal y dependerán presupuestalmente del mismo.
Pese a las críticas, los senadores de Morena, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano defendieron que la nueva ley moderniza el sistema de telecomunicaciones y cumple con el objetivo de llevar conectividad a comunidades históricamente desatendidas.
El dictamen será discutido en las próximas semanas en la Cámara de Diputados, donde se prevé un debate intenso sobre los aspectos relacionados con privacidad, libertad de expresión y el equilibrio institucional.
