Jorge Marcelino Trejo Ortiz
Fue la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, con apoyo federal, quien recuperó 42 ranchos y dos minas ubicadas en el municipio de Pitiquito, en la región desértica de la entidad.
Hasta lo que se ha dado a conocer al momento, es otro hecho que nos muestra el horror y la muerte que representa el crimen organizado en las regiones de las que se ha ido adueñando.
Los habitantes y propietarios de los ranchos fueron desplazados a sangre y fuego, según el testimonio de una de las víctimas; ranchos que eran utilizados para sus fines entre los que está las “bases para sus actividades criminales”, casas de seguridad y/o centros de reclutamiento y adiestramiento.
Se ha logrado que un 40% de dueños regresen a sus propiedades de las que habían sido despojados por miembros de “La Chapiza”, no sin antes bajo disputa con integrantes “La Mayiza”, pero siempre con la población como rehén del fuego cruzado.
Esta zona de ranchos se vio afectada en su nivel de producción agropecuaria, tan solo el propietario que da su testimonio narra que le fue despojado de 700 cabezas de ganado.
La SSP de Sonora indica que se mantendrá la vigilancia y se han establecido bases de operación para mantener la paz y la seguridad para los habitantes, esto con la colaboración de las corporaciones federales.
Sin embargo, se indicó que aún falta mucho por hacer porque se van a hacer operativos similares en otros municipios de ese estado fronterizo.
En las minas de oro conocidas como La Ciénega y Rancho Colorado, se precisó que, según las estimaciones, estos yacimientos podrían haber generado ganancias mensuales de alrededor de 1.6 millones de dólares a los hijos del “Chapo” Guzmán.
Se indicó que en las minas trabajaban entre 40 y 60 personas, las 24 horas de los siete días de la semana, sin parar, bajo condiciones de una esclavitud moderna en las que sustituían a las personas que ya no tenían condiciones físicas para producir, lo que nos recuerda el horror de las minas de oro o diamantes en África.
Los operativos fueron iniciativa del Gobierno del Estado de Sonora, que encabeza el morenista Alfonso Durazo Montaño, y es un ejemplo para otras entidades de no esperar a que lo haga el Gobierno de la República.
Hay regiones del país que sufren del dominio de grupos criminales en distintas entidades, como Michoacán donde las víctimas son los productores de limones y aguacates.
No se ha logrado erradicar no solo el cobro de piso sino el control pleno de los ciclos productivos, especialmente la venta de los frutos bajo comisión por kilo o por tonelada.
Para lograr sus fines en Michoacán, el crimen se ha valido de métodos que caen en el terrorismo con mimas explosivas, drones para dejar caer bombas caseras, además del uso de coches bomba.
El desplazamiento de habitantes, por el dominio y las guerras de los grupos criminales, se ha dado en entidades que otrora eran los más seguros; hablamos de Tabasco y Chiapas.
La afectación a la vida productiva se ha dado en muchos estados y Guanajuato no es la excepción, como lo hemos visto con negocios cerrados, cada vez más, en Salamanca y Celaya.
La coordinación entre los distintos órdenes de gobierno es indispensable para ir recuperando la seguridad y la paz social en los lugares que hoy son dominio del crimen.
La sociedad participa y colabora en estas acciones, solo es cuestión de que los gobiernos se pongan las pilas y hagan su parte y, como un día dijo Alejandro Martí, ante el secuestro y asesinato de su hijo Fernando:
“No sigan cobrando sin hacer nada, porque eso también es corrupción, ¡si no pueden renuncien!”.
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