Jorge Marcelino Trejo Ortiz.
El Operativo Enjambre desplegado por autoridades federales y del Edomex dejó a más de uno con la boca abierta, porque la aplicación de la justicia fue pareja al incluir a presuntos delincuentes detenidos, sin importar de qué color o partido político fueran.
Tan de forma transparente se buscó ejecutar las acciones que incluso fuimos testigos de que uno de los imputados, un director de Policía prefirió suicidarse con su arma, antes que ser aprehendido.
A más decir que entre los ahora procesados se encuentra la Alcaldesa de Amanalco (cargo que logró con el partido de Morena), por el delito de homicidio calificado, en calidad de presunta autora intelectual.
Se informó que se tenían concedidas 14 órdenes de aprensión, giradas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, siete de la cuales se cumplimentaron y otro número igual no, porque los inculpados lograron darse a la fuga.
Los delitos de los que se les acusó por parte del Ministerio Público fueron desde homicidio, secuestro y delincuencia organizada, por lo que fueron presentados en una acción conjunta de la SSP federal, bajo el mando de Omar García Harfuch, y la autoridad mexiquense.
Si bien no se trata de grandes capos del crimen organizado, sí se trata de funcionarios de gobierno, electos o no, presuntos delincuentes, lo que representa una advertencia para otros municipios y entidades federativas de todo el país.
¿En qué grado la delincuencia organizada ha logrado permear en la política y ha forjado narcogobiernos?, para muestra baste ese botón del Operativo Enjambre.
Fueron 32 asesinatos de candidatos y de funcionarios y más de 300 ataques, por el crimen organizado, en el pasado proceso electoral en México.
Guanajuato no fue la excepción en este asunto y sobre ello incluso el ex Gobernador del estado, Diego Sinhue, (corroborado por el propio aún Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa), señaló que se tenían indagatorias sobre políticos relacionados con el crimen organizado.
Uno de los casos fue el del asesinato de la candidata morenista a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, acribillada luego de que incluso había presentado en un evento, su propuesta en el tema de la seguridad pública y el combate a la delincuencia común y la delincuencia organizada.
El dicho de Diego Sinhue fue incluso en el sentido de que se trataba de ex candidatos y candidatos electos, diputados y alcaldes, que habían sido financiados o tenían vínculos con criminales.
Por supuesto que agregó Diego que existían investigaciones al respecto, pero no se dieron a conocer por no afectar el “debido proceso”. En ello, se presume que se trataba de políticos de todos los partidos.
Hoy Diego ya no está, pero dejó el tema heredado y quien debe responder es el Fiscal guanajuatense, quien termina su mandato el primero de enero de 2025. Quizá ya no le alcance el tiempo y prefiera mejor no moverle al enjambre, perdón al asunto.
La suspicacia social que existe y que alimentó el exmandatario estatal es ¿de qué políticos y posibles funcionarios ya en funciones se pueda tratar? ¿fulanito o menganito?
El Operativo Enjambre en Guanajuato tendría que ser encabezado por la autoridad federal y no motu proprio. Más bien deberá ser de manera coordinada, pero con tal tiento que no permita que la evasión de la justicia de los presuntos responsables.
Posiblemente no se den tales acciones coordinadas, sino hasta que se vaya Carlos Zamarripa y en el momento en que ya salga humo blanco con el nombramiento de un nuevo Fiscal en el que exista la confianza de las autoridades federales.
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