Salamanca. – La iniciativa que presentó el diputado local para regular los gastos de publicidad en el estado y municipios ante legisladores del congreso se encuentra en “La Congeladora” y no se prevé un avance para su análisis y votación en el pleno.
De acuerdo al Diputado local Salmantino Cuauhtémoc Becerra se trata de una iniciativa que tiene por objeto expedir la Ley de Comunicación Social para el Estado y los Municipios de Guanajuato y reformar la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato con la finalidad de crear un sistema público de registro y seguimiento del gasto en comunicación social y publicidad, así como una estructura de regulación en la materia.
“Esta iniciativa está, como la mayoría de nuestras iniciativas que son de la oposición o sea de MORENA, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, tienen procesos bastante lentos, se presentan y en este como en otras iniciativas se turnó a la comisión correspondiente y ahí se quedan para estudio”, dijo el legislador salmantino.
Becerra González destacó que en su intervención en el congreso del estado el pasado 5 de agosto, expuso que el gasto de comunicación social y publicidad del Gobierno del Estado ha tenido sobre-ejercicios de entre 120% y 307% por encima de lo aprobado; y que, al compararse con lo que sucede con otras instancias, se evidencia que Guanajuato gasta una proporción de recursos mucho más alta que la Federación.
Asimismo, explicó que en la auditoría específica realizada en 2018 por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) a las operaciones realizadas por la Coordinación General de Comunicación Social, entre otras dependencias, surgieron 13 observaciones sobre irregularidades que tuvieron un impacto cuantificado en 30.4 millones de pesos.
Cuauhtémoc Becerra proponía emitir una Ley de Comunicación Social para el Estado y los Municipios que permita atender el contexto de usos y abusos en nuestra entidad, además de derogar la excepción que la Ley de Contrataciones Públicas del Estado de Guanajuato otorga a los gastos en la materia; y al mismo tiempo, eliminar la excepción por medio de la cual se excluye a los gastos de comunicación social de la aplicación de la norma.
“Se requiere un diálogo abierto con medios de comunicación y ciudadanía, por lo cual planteamos que durante el proceso legislativo se lleven a cabo actividades de parlamento abierto que permitan construir ejercicios deliberativos capaces de puntualizar la pertinencia de la propuesta, su alcance y sus aspectos susceptibles de mejora”, comentó el legislador.
